Piedras Negras, Coahuila.- Una mujer mexicana fue sentenciada a 41 meses de prisión por su participación en una organización internacional dedicada al tráfico de migrantes que introdujo ilegalmente a miles de personas a Estados Unidos desde México, informaron autoridades federales.
De acuerdo con documentos judiciales, Mónica Hernández Palma, de 34 años, operaba una casa de seguridad en Piedras Negras, Coahuila, utilizada para ocultar y movilizar migrantes antes de cruzarlos de manera ilegal por el río Bravo hacia territorio estadounidense. La organización operó entre noviembre de 2020 y marzo de 2023.
Las investigaciones revelaron que la red criminal traficó personas originarias de Afganistán, Yemen, Egipto, India, Pakistán, Colombia, Guatemala, Honduras y Ecuador. Además de la casa de seguridad en Piedras Negras, el grupo mantenía otro inmueble en Monterrey, Nuevo León, donde coordinaban parte de las operaciones.
Las autoridades estadounidenses señalaron que Hernández Palma colaboraba directamente con Enil Edil Mejía Zúñiga, un traficante radicado en San Antonio, Texas, quien dirigía la logística del traslado de migrantes desde Sudamérica hacia Estados Unidos. También se encargaba de pagar a “coyotes” armados, conductores y encargados de las casas de seguridad.
Según las autoridades, la organización introdujo entre 2 mil 500 y 3 mil migrantes en apenas dos años, obteniendo ganancias estimadas entre 16 y 30 millones de dólares. Cada persona pagaba entre 6 mil 500 y 12 mil dólares por el cruce ilegal.
Mejía Zúñiga fue condenado previamente a 10 años de prisión en julio de 2025, mientras que Hernández Palma se declaró culpable de conspiración y de facilitar el ingreso ilegal de extranjeros a cambio de beneficios económicos.
La investigación fue encabezada por agentes de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) en Del Río, Texas, con apoyo de la Patrulla Fronteriza, Aduanas y Protección Fronteriza y autoridades mexicanas, quienes colaboraron para lograr la captura y extradición de la acusada.
Funcionarios del Departamento de Justicia señalaron que continuarán atacando a las organizaciones de tráfico humano que ponen en riesgo la seguridad fronteriza y se benefician económicamente del traslado ilegal de personas.
dsgf